Las tarifas de energía eléctrica son fijadas por el Poder Ejecutivo a propuesta de la empresa prestadora del servicio de electricidad UTE. El criterio para determinar la tarifa es el de asegurar que la empresa proveedora del servicio obtenga  ingresos que le permitan cubrir sus costos operativos, las amortizaciones de los bienes de uso afectados al servicio y obtener una utilidad razonable. En la práctica, a este objetivo se han agregado consideraciones de índole macroeconómica (como por ejemplo su impacto en el balance financiero del Estado y en la inflación).

Las propuestas de ajuste tarifarios de la empresa pueden incluir cambios tanto en la estructura (categorías, cargos, escalones, etc.)   como en el nivel tarifario (promedio general). El rol de la URSEA, en su tarea de seguimiento permanente de tarifas, es el de analizar las propuestas de ajuste tarifario de la empresa prestadora, realizando  informes que eleva al Poder ejecutivo, los cuales contienen una valoración sobre la pertinencia de los mismos.